Presupuestos participativos

05 de Octubre de 2009. El presupuesto participativo es un mecanismo que propicia la intervención de los ciudadanos en las políticas que todo nivel de gobierno decida, aunque el enfoque principal suele hacerse en las municipalidades -en razón de su cercanía a los ciudadanos- en particular en materia de inversión social. El presupuesto participativo permite que la ciudadanía conozca e incida en estas decisiones, en su implementación y su evaluación.
Un proceso de presupuesto participativo implica el que mediante la negociación y la concertación entre el Gobierno Local y la sociedad civil, se establezcan prioridades para el desarrollo planificado y estratégico de los pueblos.
Promueve la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, impulsando la inclusión social y superando la falta de afecto ciudadano por la política.
Las lógicas consecuencias de un proceso de presupuesto participativo son, entre otras:

1. La creciente eliminación de prácticas clientelares

2. La mayor información de los ciudadanos sobre el uso del presupuesto, o sea su dinero

3. El fomento de la corresponsabilidad

4. La institucionalización de planes de desarrollo

5. El otorgamiento de poder a los grupos tradicionalmente excluidos y

6. La inclusión de los ciudadanos del ámbito rural

Los presupuestos participativos se aplican en el Perú desde el año 2003 durante el régimen de Alejandro Toledo. Su empleo no implica afectar la autonomía política, económica y administrativa de las municipalidades tal como lo establece el artículo 191 de la Carta Magna vigente.
En todo caso, la autonomía no defiende tanto una mayor libertad administrativa para los municipios, como sí defiende una mayor libertad para que los ciudadanos intervengan en las decisiones del gobierno. Es decir, una autonomía seria no debe oponerse a los presupuestos participativos.
A pesar de ello, no debe llamar la atención que muchos alcaldes, por razones de un arcaico autoritarismo, discrecionalidad cercana a la corrupción o simple ignorancia, sean contrarios a su aplicación. Entonces corresponderá a los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos, exigir esta práctica de transparencia, real autonomía y auténtica democracia.

fuente: Guillermo Nole Panta-columnista-

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